orbe 1866; sábado 21 de septiembre de 2019 / Barbosa acusa desvío de fondo para sismos.
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Ciudad de Puebla, jueves 19 de septiembre de 2019 / El Gobierno de Puebla investiga al morenovallista Gerardo Islas Maldonado por el manejo de recursos para la reconstrucción por el sismo del 19-S, 19 de septiembre de 2017.
La carpeta de investigación tiene el objetivo de analizar en qué se gastaron los recursos brindados por el estado y por el gobierno federal, pues a dos años del terremoto hay diversos inmuebles sin ser reparados
El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta reveló que existe una carpeta de investigación contra el ex secretario de Desarrollo Social, Gerardo Islas Maldonado, debido al supuesto desvío de recursos estatales y federales para la remodelación de inmuebles afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017.
“Si hay una carpeta, se está determinando el manejo de esos recursos los alcances que tendrían y el estado en el que se encuentran”, declaró.
Aunque reconoció que los recursos enviados para levantar al estado después del sismo no fueron suficientes, aseguró que hubo irregularidades en el manejo del monto.
Barbosa agregó: “Reconocemos que no ha habido recursos suficientes y reconocemos que ha habido manejo inadecuado de seguros, ya después les cuento lo del tema de seguro para desastres naturales (…) la cantidad que le quedó al gobierno fueron 200 millones, se lo gastaron, pero no fue en nada de reconstrucción”, dijo.
“Si han sido insuficientes los recursos destinados a la restauración después del sismo, lo primero que instruí al secretario de Educación y al de Salud fue que hicieran un inventario de todos los inmuebles afectados y son muchísimos”, declaró.
Por su parte el diputado local de Nueva Alianza, Gerardo Islas Maldonado se deslindó de las irregularidades en la entrega de recursos para la reconstrucción de viviendas que resultaron dañadas después del sismo del 19 de septiembre de 2017.
Finalmente, el gobernador expresó que preferiría depositar recursos en un fideicomiso para usarlo en caso de desastres naturales en lugar de contratar un seguro como lo hicieron los gobiernos anteriores.
Aunque no dio detalles, señaló que son seguros fraudulentos y en los que se pagan en miles de dólares.
Sin embargo, se tienen que contratar por exigencia de la normatividad del Fondo para Desastres Naturales (Fonden).
CASOS DE DESAPARICIONES REALES EN TEHUACÁN.
Eduardo Zamora de la Cruz.
Este es un tema sobre hay que tener mucho cuidado, mucho tacto, para no alarmar a la sociedad. En este terreno debemos actuar con extrema prudencia y responsabilidad.
Hay ocasiones en las que se reportan a personas desaparecidas, pero en ALGUNOS casos se trata de ausencias voluntarias. Se trata de personas que deciden abandonar su hogar, por problemas familiares o de cualquier otro tipo.
Sin embargo, si hay desapariciones reales que nunca se llegan a esclarecer.
O algunos casos en los que se encuentra a la persona, pero sin vida.
En estos tiempos no se puede tomar a la ligera un reporte sobre una persona desaparecida.
Estos son unos ejemplos.
El 13 de agosto fue reportada la desaparición del abogado Eduardo “Lalo” Zamora de la Cruz.
Era un hombre de alrededor de 40 años de edad, muy afable, atento y con muchos amigos.
Durante ocho días estuvo desaparecido, es decir, estuvo privado de la libertad y en poder de personas, hasta el momento desconocidas.
El miércoles 21 de agosto su cuerpo fue encontrado en un terreno baldío de la colonia Estrella del Sur, que colinda con Rancho Viejo, esto es en la zona del Colegio de Bachilleres.
Lalo Zamora fue asesinado con una saña inusual, verdaderamente inaudita. Lo mataron a golpes y lo asfixiaron. Hasta el momento la investigación no tiene resultados.
Vamos a otros casos.
Yaribeth Hernández Flores
En días recientes se ha reportado la desaparición CONFIRMADA de dos personas.
La primera es una mujer llamada Yaribeth Hernández Flores de 30 años de edad.
Desapareció el día domingo 8 de septiembre en la colonia Serdán.
Fue vista en la zona de la escuela Porfirio O. Morales y de ahí no se supo más.
Desde el 8 de septiembre está desaparecida.
Roberto Olivares Sánchez
Otro caso es el de Roberto Olivares Sánchez, de 42 años de edad.
Esta persona es muy conocido porque trabaja en Foto Fuji, un establecimiento de impresión y ampliación de fotografías que se ubica en la primera cuadra de la calle 5 Sur.
Quienes lo conocen lo describen como una persona muy tranquila, sin vicios, sin excesos.
En su trabajo es muy atento, amable y educado.
Su desaparición simplemente no se explica.
Hasta el cierre de esta columna ORBE, Roberto lleva una semana desaparecido.
Esta es otra expresión de la violencia, de la presencia de grupos criminales que ya operan en Tehuacán.
Solo basta salir a las calles para percatarse de la cantidad de vehículos sospechosos, algunos con vidrios polarizados; con placas de Veracruz o Guerrero; con micas oscuras cubriendo las placas y otros incluso sin placas.
Y no hay autoridad que los detenga, que los revise, que coteje sus datos por radio para saber si tienen reporte de robo o está involucrado en algún delito.
Simplemente no hay autoridad.
En las calles de Tehuacán cada quien debe cuidarse como pueda.
No hay patrullaje, no hay vigilancia.
Simplemente Tehuacán se ha vuelto una ciudad sin ley; tierra de nadie.
Este es el peor momento de la ciudad, probablemente en toda su historia contemporánea.
Nunca otro Ayuntamiento hundió a la ciudad de la manera en que estamos presenciando esta crisis inédita, inaudita.
UNA SIMPLE OPINIÓN SOBRE LOS ELEMENTOS DE LA GUARDIA NACIONAL QUE VEMOS EN LAS CALLES DE TEHUACÁN.
Guardia Nacional
Usted generoso lector los ha visto caminando en las calles de Tehuacán. A veces van en la batea de las camionetas Toyota Tacoma haciendo recorridos de vigilancia.
Pero realmente estamos ante el ejemplo palpable de una falta de estrategia.
Nos referimos a los elementos de la Guardia Nacional, institución que es una fuerza única en la historia de México.
Todos sus elementos son soldados y marinos.
Pero ese órgano no tiene estrategia.
No están abocados a los puntos críticos que verdaderamente deben atender.
Por esto nos preguntamos, en lugar de que caminen por las calles de Tehuacán,
¿No sería mejor que instalen un retén en la zona de Azumbilla y estuvieran apoyados por la Policía Estatal?
¿No sería más conveniente que instalaran un puesto de vigilancia de vehículos en la Y griega de Chilac?
¿Toda la fuerza de sus armas no estaría mejor utilizada si instalan un punto de revisión en Cuacnopalan apoyados por elementos de la Policía Federal?
En FIN DE SEMANA desde hace años apuntamos la urgente necesidad de instalar retenes en los que deben participar grupos INTERINSTITUCIONALES; es decir que reúnan a elementos de distintas corporaciones.
Ahora, en esta época la Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Policía Federal, Policía Estatal e inclusive en algunos puntos la Policía Municipal.
De esta manera al armar retenes interinstitucionales se evita que alguna corporación corrompida pueda hacer inútil un puesto de revisión.
La delincuencia puede comprar o corromper al mando de una institución, pero no a toda la cadena de fuerzas castrenses y policiacas.
La Guardia Nacional es como un gran mazo, pero hasta el momento queda en evidencia que no saben cómo dirigirlo, adonde orientarlo y mucho menos saben en qué puntos debe golpear.
Aquí les damos unos tips para quien sepa escuchar, para quien sepa entender…
TEHUACANEROS NO LE CONFIARÍAN LAS LLAVES DE SUS CASAS A PATJANE: MASSIVE CALLER.
Nota de Diario Cambio.
Tehuacaneros no le confiarían las llaves de sus casas a Patjane: Massive Caller
La pregunta hecha señala que: “Si el alcalde de su municipio fuera su vecino, y usted se ausentara por varios días ¿Le confiaría las llaves de su casa?”, ese es el rubro en donde peor calificado está el alcalde Felipe Patjane.
Sólo el 11.7% de los encuestados en el municipio por la empresa Massive Caller le tendrían la confianza al alcalde de Tehuacán, Felipe Patjane Martínez, para dejarle la llave de su casa, con esos resultados el edil tehuacanero ocupa el lugar 93 de 100 en cuanto al nivel de confianza que tienen los ciudadanos hacía él, señaló Carlos Campos, director de la encuestadora.
La pregunta hecha señala que: “Si el alcalde de su municipio fuera su vecino, y usted se ausentara por varios días
¿Le confiaría las llaves de su casa?”, ese es el rubro en donde peor calificado está el alcalde Felipe Patjane, aunque sólo un lugar abajo del que tiene que ver con su desempeño como cabeza de la administración municipal, señaló Campos al periodista Iván Mercado en su programa de radio Informativo 102.
El aspecto mejor calificado fue el de la percepción de inseguridad, en donde el 62.5% de los encuestados dijo sentirse inseguro en el municipio, es de mencionar que recientemente el alcalde indicó que en el rubro de seguridad pública se reprobaba con cinco de calificación.
COLUMNA CÚPULA NACIONAL.
EL ESTADO MEXICANO DEBE LLEVAR EL CASO AYOTZINAPA A LA HAYA.
López Obrador y Alejandro Encinas.
El próximo 27 de septiembre se cumplirán 5 años de la noche de Iguala, Guerrero y hoy más que nunca la justicia es un túnel oscuro e incierto. Vamos a los hechos.
En el argot de los abogados se conoce como ‘sabadazo’.
Puede tratarse de la detención de una persona ese día, lo que dificulta que sus defensores puedan moverse con rapidez ya que durante el fin de semana es muy difícil tramitar un amparo o armar una respuesta legal.
Y sucede lo mismo cuando en uno de los ‘puentes’ vacacionales más importantes del año, un juez federal aprovecha el furor social de las fiestas patrias para liberar a 24 detenidos por uno de los crímenes de mayor impacto en la historia de México.
La tarde del sábado 14 de septiembre, el juez federal Samuel Ventura Ramos, quien es titular del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, ordenó la liberación de 24 sujetos implicados en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.
Sí, así fue, los abogados de los inculpados recurrieron ante un juzgado federal con sede en Tamaulipas para alegar hechos ocurridos en Iguala, Guerrero.
El juez Ventura (quien ya liberó a un total de 53 acusados del mismo caso), aceptó la prueba de que los detenidos fueron sometidos a ‘tortura’, sin embargo el jurista no tomó en cuenta la jurisprudencia que establece que aún en casos de supuesta tortura no se invalidan los elementos que demuestran la existencia del delito.
Al día siguiente, domingo 15, en plena efervescencia patria, el Subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas Rodríguez ofreció una rueda de prensa en la que arremetió de manera acre en contra del juez Samuel Ventura Ramos.
Señaló que hay un ‘interés político’ detrás de los actos del abogado y pidió una revisión por parte del Consejo de la Judicatura Federal.
En un punto medular de su exposición Encinas advirtió que la liberación de los 24 inculpados deja en situación de debilidad jurídica las acusaciones en contra de Sidronio Casarrubias Salgado, líder del cártel Guerreros Unidos y de José Luis Abarca Velázquez, expresidente municipal de Iguala, Guerrero.
Encinas, también titular de la llamada ‘Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa’ argumentó que la Fiscalía General de la República (FGR) debe presentar formales cargos en contra del exprocurador Jesús Murillo Karam, así como a Tomás Zerón de Lucio, exencargado de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).
Si hacemos de lado la investidura de su cargo oficial, la rueda de prensa de Encinas mostró a un hombre indignado hasta la rabia, profundamente agraviado al momento de acusar: ‘la miseria, la podredumbre en que se encuentra el sistema de impartición de justicia en el país’.
La mañana del lunes 16 el periodista Ciro Gómez Leyva entrevistó a Murillo Karam en su programa de Radio Fórmula. El foro fue bien utilizado por el exprocurador para argumentar en su favor y enfatizó: “Estoy muy tranquilo porque hice un trabajo contundente.
Lo que logré en 3 meses de investigación es lo más contundente que se ha hecho en el caso de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa”.
La realidad muestra que a unos días de que se cumplan cinco años de la funesta madrugada de Iguala cada día se aleja más la posibilidad de un verdadero esclarecimiento.
Las acusaciones en contra de los detenidos se están cayendo y ya no podrán volver a ser juzgados por los mismos delitos; los responsables políticos pueden ser llamados a cuentas, pero tendrán la protección de la justicia federal, léase el Poder Judicial que está en una abierta confrontación con el Ejecutivo.
El Estado mexicano se observa como incapaz de poder esclarecer los hechos de la noche de Iguala y de llevar al banquillo a los responsables.
Todos los caminos se van cerrando, estrechando.
Es evidente que México no tiene las instituciones, ni los juristas para enfrentar este caso.
A estas alturas la única opción viable que queda para resolver ese crimen de dimensiones históricas es recurrir a la Corte Penal Internacional de La Haya, instancia a la que se debe ser llevar no solo el caso de Ayotzinapa, sino también los expedientes de los exgobernadores señalados por sostener complicidades con la delincuencia organizada.
En concreto Humberto y Rubén Moreira Valdés, Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa.
Si el Estado mexicano bajo la conducción del presidente López Obrador no lleva ante La Haya a los criminales que sumergieron al país en un baño de sangre, todo quedará como parte de un anecdotario.
El revanchismo político de jueces y magistrados federales se encargará de que todo quede bajo una infame impunidad.
La mezquindad del Poder Judicial está más que probada y demostrada.
No les importa descarrilar la escasa gobernabilidad del país, ni denigrar la poca justicia que queda. Ellos están en una franca confrontación política y no se detendrán hasta llevar a una crisis al Ejecutivo.
Cada día se hace más claro y evidente que al Estado solo le queda la ruta de llevar los casos ante el Tribunal Penal Internacional.
Hoy el caso Ayotzinapa está a punto de colapsar, está al borde del derrumbe y todo lo que se había logrado será volcado en una coladera.
El presidente López Obrador debe enviar al Canciller Marcelo Ebrard a La Haya para solicitar formalmente que se atraiga éste y muchos otros casos que el Estado mexicano es incapaz de resolver.
Reconocer que en esta etapa la justicia mexicana no está condiciones de resolver los grandes crímenes sería un gesto de profundidad honestidad.
Ojalá el mandatario lo considere, antes de que el caso termine en el archivo muerto.
Redacción: Orbe, Bufete de Comunicación Integral.
findesemana99@gmail.com
