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orbe 1862; sábado 24 de agosto de 2019 / Juan Carlos Lastiri en la mira de las autoridades por la Estafa Maestra.

° Reconocen la presencia de delincuentes colombianos.
° Mediante presuntos préstamos operan extorsiones.
° Señalan presencia de grupo armado; Ramírez desmiente.
° ¿Y los crímenes de Lesa Humanidad para cuándo?

JUAN CARLOS LASTIRI, EN LA MIRA DE LAS AUTORIDADES POR LA ESTAFA MAESTRA

Portada 1862

* En 2018 se supo del robo millonario que sufrió en su casa de La Vista Country, por unos 50 millones de pesos, pero no fue denunciado.

Con la aprehensión de Rosario Robles, es cuestión de tiempo para que el resto de involucrados en la Estafa Maestra sea entregado a la ley, uno de ellos es el poblano Juan Carlos Lastiri, quien durante el gobierno de Enrique Peña Nieto mantuvo cargos en la Sedatu y Sedesol, dependencias involucradas en el gran desvío de recursos, lo que lo coloca como uno de los autores materiales de este gran robo.

En julio pasado, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, reveló que se estaba indagando sobre -al menos-, 50 implicados de la red de servidores públicos y empresas relacionadas en este gran robo al erario público.

De acuerdo con el portal informativo “Animal Político”, son 16 los funcionarios que tuvieron cargos en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), mismos que firmaron alrededor de 28 convenios por 3 mil 258 millones de pesos, con universidades y organismos de comunicación entre 2013 y 2016.

JUAN CARLOS LASTIRI Y LA ESTAFA MAESTRA.

Como funcionario priista, el priista MOVIÓ MILES DE MILLONES DE PESOS, algunos dentro de las campañas del PRI, bajo políticas sociales, la más famosa: Cruzada Contra el Hambre, misma que terminó siendo un fracaso e investigada por la Auditoría Superior de la Federación.

Lastiri fue ganando terreno como interlocutor de los gobierno federal y el estatal de Puebla y para 2018 dejó su cargo como subsecretario de la Sedatu para buscar un cargo de elección popular, no sin antes dejar una serie de irregularidades en la dependencia antes mencionada.

Fueron 12 ex funcionarios de la Sedesol quienes firmaron convenios vinculados con el presunto desvío durante la administración de Rosario Robles Berlanga y repitieron cargos en la Sedatu.
Lastiri Quirós, subsecretario de Prospectiva, Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional en la Sedesol, realizó la firma del convenio multianual por 338 millones de pesos, investigado por la Auditoría 246, y que derivó en una denuncia penal en octubre de 2015, antes de saltar de dependencia.

Entre el resto de presuntos vinculados con la Estafa Maestra se encuentran funcionarios cercanos del priista, como Juan Manuel López, ex delegado de la Sedatu en Puebla y quien firmó convenios fechados entre 2015 y 2016 con un Tecnológico de Comalcalco, junto con él, también fueron señalados José Antonio Orozco Martínez, Armando Saldaña y Enrique González Tiburcio.

En los años siguientes, Lastiri estuvo a cargo de la aprobación de más convenios como el pago de 7.5 millones de pesos a BENEFICIARIOS INEXISTENTES del sismo del 19 de septiembre.

MARTES 20 DE AGOSTO DE 2019 / POR PRIMERA VEZ UN FUNCIONARIO MUNICIPAL RECONOCE LA PRESENCIA Y LA OPERACIÓN DE GRUPOS DELICTIVOS DE COLOMBIANOS EN TEHUACÁN.

Desde hace poco más de un mes en ORBE publicamos unos renglones sobre la presencia de grupos delictivos de colombianos en Tehuacán.

La versión periodística quedó en el aire.
Ningún otro medio de comunicación, ni algún funcionario público tocaron el tema.

Poco después de un mes, de manera oficial, se da a conocer que efectivamente en Tehuacán si operan células de colombianos.

La mañana del martes 20 de agosto, el diario local publicó las declaraciones de un representante de la autoridad municipal, concretamente del Director de Seguridad Pública David Hernández Pérez, quien afirmó que efectivamente tienen conocimiento de que en la ciudad operan grupos de colombianos delincuentes.

Hernández Pérez es otro de los expolicías federales que llegaron a Tehuacán y de los cuales la mayoría ya fueron despedidos; ahora solo queda él.

Señaló que hasta la fecha se tienen registrados 200 (doscientos) casos de extorsión y ya se han interpuesto 60 (sesenta) denuncias formales contra esos sujetos de nacionalidad colombiana.

La manera de operar que tienen esos grupos radica en ofrecer préstamos en efectivo, sin aval, ni garantía, ni prendas depositadas.

Pero después van incrementando los intereses de manera indiscriminada hasta el punto en que ahogan a los ciudadanos.
Es entonces cuando comienzan las extorsiones, las amenazas, despojan a los ciudadanos de sus propiedades e incluso han llegado a las agresiones físicas.

Este asunto tiene la mayor importancia.
Es un tema grave.

Lo que realmente está sucediendo es que apenas están entrando esos grupos de colombianos a Tehuacán.
Este es su inicio en la ciudad.

Posteriormente irán avanzando a otras actividades criminales.
Son personas que vienen de un país donde la violencia es normal, cotidiana.

Se trata de sujetos que tienen conocimiento de armas, de explosivos, que conocen las tecnologías de seguridad; saben cómo desactivar alarmas residenciales o cómo abrir una caja fuerte del más reciente modelo.

Hoy queda pública constancia de que es real la operación de células de delincuentes colombianos en Tehuacán.

Ahora esperemos para saber qué van a hacer las autoridades y cuál será la postura de los grupos de empresarios que quieren participar en la Seguridad Pública de Tehuacán.

MARTES 20 DE AGOSTO DE 2019 / DELINCUENCIA ORGANIZADA /
LA NOCHE DE ESE MARTES POR PRIMERA VEZ SE REGISTRÓ LA PRESENCIA DE UN GRUPO ARMADO MOVIÉNDOSE EN LAS CALLES DE TEHUACÁN.

La noche del martes 20 de agosto, se registró un incidente que debe encender las alarmas del gobierno estatal.

Nos referimos a un hecho que debe ser motivo de atención por el gobernador Miguel Barbosa Huerta y por el Secretario de Seguridad Pública el Vicealmirante Miguel I. Amezaga Ramírez.

Esa noche policías o vigilantes de barrio del Grupo Gespa que realizaban rondines en el mercado La Purísima, fueron agredidos por un GRUPO ARMADO que se trasladaba en 3 vehículos.

Una de las vigilantes declaró que el grupo armado se movía en una camioneta negra, que le pareció “blindada”, un automóvil negro y un tercer vehículo rojo.

Eran cerca de 10 sujetos, algunos encapuchados y otras con gorras que a decir del testimonio de la vigilante, portaban armas cortas y largas.

Amenazaron con matar a los vigilantes de barrio que anduvieran encapuchados.
Dos de los vigilantes fueron golpeados con tubos en tanto que otro elemento se encontraba en calidad de desaparecido.
Esa noche sus compañeros del Grupo Gespa NO tenían conocimiento de su paradero.
Estos son los hechos que fueron narrados por una mujer vigilante.

No se tienen mayores datos de este grupo armado que estaría operando por primera vez en la ciudad.

Sin embargo hay un dato importante que se debe subrayar.

Al mismo tiempo se reportaron detonaciones de arma de fuego en la colonia Tehuantepec, zona de San Lorenzo Teotipilco.
Ese hecho generó una fuerte movilización policiaca al lugar; de hecho casi todas las patrullas de la Policía Municipal se movieron hacia la zona de San Lorenzo.

Sin embargo esas detonaciones pudieron tratarse de un DISTRACTOR para que el grupo armado se desplazara sin problemas en la zona de La Purísima.

Hasta el cierre de esta edición de ORBE no se tienen mayores datos de cuál es el grupo de la delincuencia organizada que puede estar operando en las calles de la ciudad.

EL DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO MARCO AURELIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ SALIÓ A DESMENTIR LAS ASEVERACIONES DE LOS VIGILANTES DE BARRIO.

Marco Aurelio Ramírez Hernández

La mañana del miércoles 21 el Director General de Gobierno Marco Aurelio Ramírez Hernández desmintió la versión de que un grupo armado amedrentó a vigilantes de barrio en La Purísima.

La información original se basa en declaraciones de los vigilantes que fueron agredidos y que fueron atendidos por paramédicos.
Pero Ramírez Hernández afirmó que se trató de un “conflicto entre corporaciones”.

CORTOS EN ORBE.

EL RESTAURANTERO TEHUACANERO MAURICIO CACHO PÉREZ “EL MICHO” FUE NOMBRADO FUNCIONARIO ESTATAL.

El restaurantero tehuacanero Mauricio Cacho Pérez “Micho” fue nombrado Director Ejecutivo del Organismo Público Descentralizado Convenciones y Parques, en donde tendrá la tarea de limpiar la corrupción que imperó durante el morenovallismo, con la administración de franquicias y la entrega de subsidios a las atracciones morenovallistas, como el Teleférico y la Estrella de Puebla.

“Micho” es un personaje muy cercano al gobernador Miguel Barbosa Huerta, además en Tehuacán es reconocido como el dueño del restaurante bar La Lonja.

El pasado viernes 16 de agosto, la secretaria de Turismo del gobierno estatal tomó protesta a Mauricio Cacho como Director Ejecutivo del Organismo Público Descentralizado Convenciones y Parques, en calidad de funcionario propuesto por el gobernador.

GRUPOS PANISTAS SE DECLARAN EN PIE DE GUERRA: “NO PERMITIREMOS QUE ELISEO HAGA LO QUE QUIERA CON LAS CANDIDATURAS”.

Luego de la Portada de FIN DE SEMANA en su edición 1861 intitulada: “Mojarro, Eliseo y el Pollo toman el control del PAN” recibimos varios mensajes vía correo electrónico en que nos dicen:
“No vamos a dejar que hagan lo que quieran con el panismo (…).

Otro correo agrega: “ganaron en esta, pero todavía falta por ver si pueden ser candidatos, ahí vamos a volver a votar los panistas…”

Un tercer mensaje apunta: “Eliseo no pudo ganar la votación para ser consejero nacional del PAN, si es cierto que Fabián ganó, pero Eliseo perdió… no vamos a dejar que se sientan los dueños del PAN…”

EL NUEVO TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL PROPONE SOLICITAR AL GOBIERNO DEL ESTADO DOS AMBULANCIA EN CALIDAD DE COMODATO.

Se llama Juan Carlos Salazar Ferman y es el nuevo Director de Protección Civil y Bomberos. Reconoció que solo tienen una ambulancia en funciones; aunque no dijo que solo trabaja por días porque la mayor parte del tiempo permanece descompuesta en el taller mecánico.

El funcionario expuso que el Ayuntamiento de Tehuacán podría solicitar al gobierno del estado que se otorguen dos ambulancias del “Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas” (SUMA). La solicitud sería en calidad de comodato, es decir de préstamo.

Ojalá la idea se convierta en una realidad a la brevedad posible, porque Tehuacán adolece de ambulancias y hay ocasiones en las que la Cruz Roja no se da abasto con los servicios de urgencias.

COLUMNA CÚPULA NACIONAL
¿Y LOS CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD PARA CUÁNDO PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR?

Alejandro Encinas con López Obrador

Es uno de los principales activos de la izquierda mexicana; un hombre de sólidas y firmes convicciones; auténtico ideólogo y militante congruente. Pero en un área con perfil policiaco y ministerial simplemente está fuera de su hábitat.

El Subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población Alejandro Encinas Rodríguez podría hacer mucho por la Cuarta Transformación, 4T, si le permitieran operar desde el partido o desde la Secretaría del Trabajo.

Pero como brazo social de la Secretaría de Gobernación su imagen y su papel se están diluyendo. Y máxime en una instancia que busca paliar la crisis de las desapariciones y las fosas clandestinas.

Frente a la catástrofe humanitaria en que está sumergido nuestro país no pueden existir otras prioridades más que contener la violencia y tratar de aplicar la mayor justicia posible.

El ejecutivo se ha enfocado en el combate a la corrupción, el saqueo al erario, los desvíos multimillonarios y los delitos patrimoniales. Son plausibles los procesos que se han entablado contra Emilio Lozoya Austin y Rosario Robles Berlanga.

Pero, presidente López Obrador ¿Y los crímenes de Lesa Humanidad para cuándo?

El saqueo de 5 mil millones de pesos constituye un grave delito, pero no tiene comparación con la desaparición de miles de personas en Durango, Zacatecas, Veracruz, Morelos, Guerrero…

La corrupción debe perseguirse con todo el rigor.

Pero hay un México que está esperando que se persiga con la misma severidad y firmeza a los autores de miles de desapariciones; que se procese a quienes cavaron cientos de fosas clandestinas y enterraron a ciudadanos inocentes, porque no pudieron pagar los montos de la extorsión o porque sus familias no tuvieron la cifra exigida como rescate.

México espera esos procesos.

Pero no solo a quienes empuñaron las armas y cargaron las palas, sino también a los mandos policiacos, jefes militares y políticos que encubrieron esos crímenes.

Tal parece que se está olvidando que el gran reto es pacificar al país.
Perseguir a Lozoya, Robles y los que se acumulen, puede crear una cultura de anticorrupción.

Pero si no se sientan las bases de una verdadera persecución a los criminales, este país seguirá en medio de un baño de sangre.

Toda organización delictiva tiene el respaldo de agentes policiacos, militares y políticos.

¿Quiénes son los funcionarios que se aliaron con cárteles y callaron ante las fosas del estado de Veracruz o ante las cientos de desapariciones reportadas en Coahuila?

Existen investigaciones que desnudan de manera brutal a la narcopolítica mexicana y revelan los nexos entre altos funcionarios y cárteles.

Desde 2017 docentes y estudiantes de la Universidad de Texas recogieron testimonios de ‘Zetas’ que fueron procesados en tribunales de Austin, San Antonio y Del Río.

Ante jueces y jurados, los criminales señalaron directamente a Humberto y Rubén Moreira Valdez, Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa por sostener nexos con el referido cártel.

Pese a que existen testimonios presentados ante instancias judiciales norteamericanas, ningún juzgado mexicano ha solicitado atraer esos documentos.

La narcopolítica se muestra campante y goza de cabal salud.
Los funcionarios cómplices de los grupos delictivos que desaparecieron y enterraron a miles de mexicanos, se regodean en completa impunidad.

Entre ellos el exgobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero quien fue el agente omiso ante la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El protagonista del desastre nunca ha sido requerido en el proceso penal correspondiente.
No debe olvidarse que ese fue otro de los compromisos de campaña del candidato AMLO: esclarecer hasta sus últimas consecuencias los hechos ocurridos en la noche de Iguala y para ello fue comisionado el Subsecretario Encinas Rodríguez.

Sin embargo, hasta el momento no se han presentado avances sustanciales.

El funcionario recorre todo el país en reuniones con colectivos que buscan a personas desaparecidas; pero no presenta resultados, ni soluciones en estado alguno.

Su presencia es meramente protocolaria, pero de ninguna manera operativa.

A este paso los responsables de las masacres y las desapariciones nunca llegarán a los tribunales.

Es evidente que México carece de juristas capacitados y de instancias adecuadas para perseguir los crímenes de Lesa Humanidad.

Frente a esto, se hace imperativo que el gobierno mexicano solicite, a través del Canciller Marcelo Ebrard, el formal apoyo de la Corte Internacional de La Haya.

Solamente así se podrá procesar a los responsables de esta catástrofe humanitaria.

De lo contrario todo quedará en el olvido o bajo un amparo otorgado a modo por un juez federal.
Frente a los crímenes de Lesa Humanidad usted tiene la palabra presidente López Obrador.

Redacción: Orbe, Bufete de Comunicación.
findesemana99@gmail.com


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