El nuevo episodio de la lucha del presidente López Obrador en contra de las empresas privadas y capitales beneficiarios de la reforma energética impulsada por el ex Presidente Enrique Peña Nieto y sus aliados políticos, es terminar con sus efectos, a través de la denominada Ley de Hidrocarburos, la cual, es una pieza más de la estrategia del gobierno para revertir la reforma energética iniciada en el sexenio pasado.
El discurso que sustenta la iniciativa de dicha ley, es implementar medidas para consolidar y recuperar el control de Pemex en el mercado de los petrolíferos e hidrocarburos. Así como, limitar con nuevas reglas la participación de capital privado.
La reforma a la Ley de Hidrocarburos propuesta por el Ejecutivo se suma a la oleada de modificaciones aplicadas a los participantes de los mercados energéticos desde el inicio de este sexenio. Pero representa el primer cambio a nivel de Ley que se busca en el sector de hidrocarburos.
Sin embargo, al adentrarse en el estudio de la realidad, los efectos resultan no ser tan benéficos para la industria y para México, puesto que, las disposiciones que buscan otorgar una ventaja competitiva a empresas estatales y cuya aplicación derivará en la suspensión de permisos y, particularmente, en la ocupación de instalaciones por la autoridad, afectarían de forma negativa inversiones provenientes de diversos países (trato nacional, trato justo y equitativo y expropiación directa e indirecta).
Esta reforma es un cambio legal similar al mercado eléctrico con la reciente reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, que se ha sido detenida con una ola de amparos ante juzgados federales.
La reforma, modifica siete artículos de la ley secundaria de la reforma energética y cambia la dinámica de la política de almacenamiento de petrolíferos. Además, abre la puerta a la revocación de permisos.
Por lo anterior, dicha ley pudiera contravenir diversos tratados de libre comercio como el T-MEC, con los países de la región transpacífica (TIPAT o CPTPP), con los países miembros de la Unión Europea y con los países de Centro y Sudamérica (Alianza Pacífico).
Aunado a que la iniciativa daña la competencia, restringe la oferta en el mercado y ello podría resultar en un aumento en los precios de las gasolinas, el gas licuado de petróleo y otros productos. “Habilitaría espacios para una restricción artificial e injustificada de la oferta de sus productos y servicios en detrimento de los consumidores mexicanos”, según la opinión de la COFECE.
Motivo por el cual, las principales modificaciones en tres rubros: la política de almacenamiento de petrolíferos, la suspensión de permisos y la comercialización ilegal de hidrocarburos, plantea la suspensión temporal de permisos en el mercado de hidrocarburos, si consideran que estos atentan en contra de la seguridad nacional, la seguridad energética o la economía nacional, sin definir cuáles pueden ser los causantes o lo que se tomará en cuenta para la realización de esta actividad.
Aunado a que, la COFECE argumenta que la modificación generará una reducción importante en el número de competidores en el mercado y da a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía una “amplia discrecionalidad” en su actuar relacionado con la suspensión y emisión de permisos.
Por todo lo anterior, es evidente que la pugna declarada entre el Gobierno del Presidente López Obrador y las empresas privadas, terminara recayendo en la competencia del Poder Judicial, mediante la facultad que tiene éste para conocer de los Juicios de Amparo que se promuevan en contra de leyes que contravengan la Constitución, como ocurrió con la reforma eléctrica y sin dudarlo este es el caso. Esperando que la Suprema Corte no se intimide y ponga fin a las ocurrencias legislativas y de animadversión del presidente en contra de todo aquello que haya sido impulsado por anteriores administraciones, bajo la bandera de la lucha contra la corrupción y la defensa de la soberanía nacional.
Finalmente, no hay que dejar de lado, las acciones jurídicas de los inversionistas y empresas extranjeras que se verán afectados en sus intereses y que pueden llevar al Gobierno mexicano a ser demandado ante tribunales internacionales. Lo que no es un asunto menor y que sin embargo no preocupa al Gobierno de la 4T.
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