La UDLAP a través del Índice Global de Impunidad México 2018 (IGI-MEX) dio a conocer la situación en general del país en materia de impunidad y en cada una de las entidades federativas. Puebla obtuvo resultados negativos en asuntos como:
- La debilidad de su sistema de justicia.
- Tasa más baja en el país en lo que hace al número de jueces o magistrados respecto a la población, ya que se cuenta con apenas de 1.5 jueces o magistrados por cada 100 mil habitantes.
- Homicidios que no se castigan, como resultado de problemas estructurales en las instancias de seguridad y justicia, ya que no se cuenta con agencias de investigación profesionales, independientes y con capacidades suficientes.
- Grado de impunidad de 5.21, el cuarto peor en el país.
- Deterioro de la infraestructura y capacidad humana de los ministerios públicos estatales frente al aumento de los delitos y al incremento poblacional.
- Déficit de policías estatales profesionales, ya que la tasa de policías estatales por cada mil habitantes, en Puebla es de apenas 1.32, la tercera más baja del país.
A su vez, la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó el Informe Especial de 2019 sobre los Linchamientos en el territorio nacional ; la realidad que presenta el Informe respecto al tema de linchamientos muestra que, de los 174 casos revisados de 2018, el 76% (132) ocurrieron en 5 estados: Puebla (48 de los casos), el Estado de México (40), Tabasco (22), la Ciudad de México (13) e Hidalgo (9), teniendo como resultado 246 víctimas.
De los referidos 132 casos, 34 culminaron con la muerte de la víctima, es decir, fueron consumados y 119 quedaron en tentativa. Entre las víctimas de linchamiento 232 fueron hombres y 14 mujeres.
En el caso de Puebla, el mayor número de linchamientos se da en la ciudad de Tehuacán con 31 casos, en la ciudad de Puebla con 28, San Martín Texmelucan con 15; sólo en estos 3 municipios se concentran el mayor número de linchamientos del estado; del mismo modo, existen 16 colonias focalizadas en 11 municipios que presentan incidencia de linchamientos.
Ahora bien, dentro del Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024, respecto al tema de Derechos Humanos se establece:
- En el Eje 1 de Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho, dentro de las líneas acción, fomentar la cultura de respeto a los derechos humanos.
- En el Eje 4 de la Disminución de las Desigualdades, de igual forma en las líneas de acción, impulsar esquemas de sensibilización respecto a los derechos humanos y sociales de los pueblos indígenas.
- En el apartado denominado Enfoques Transversales, en las líneas de acción, se promueve el ejercicio de los derechos humanos…
Ante el panorama que se vierte en Puebla, donde la procuración e impartición de justicia reporta números rojos y la convicción de los gobernados en hacerse justicia por sus propias manos, de hecho el mismo José Félix Cerezo Vélez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del estado (CDH) reconoce que existe en la entidad una crisis en derechos humanos por el tema de los linchamientos, ante este pronunciamiento hace que cobre con mayor importancia el contar con un entorno propicio para el pleno disfrute de todos los derechos humanos, lamentablemente se puede afirmar que las condiciones actuales no permitirán que el buen gobierno y los derechos humanos se refuercen mutuamente y para ejemplo un botón, la señalada CDH poblana es el organismo autónomo más castigado en el presupuesto entre las comisiones estatales de derechos humanos de todo el país, pues para su nueva administración sólo contará con el 1.5 por ciento de participación en el presupuesto.
Evidentemente, el análisis anterior, busca contribuir a salvar la distancia entre el entorno, las normas y los principios de derechos humanos y su aplicación por medio de intervenciones en materia de gobernanza, sobre todo porque la realidad marca el hondo trecho que persiste, pues respecto al organismo encargado de pronunciarse sobre las violaciones a los derechos humanos, tan sólo en 2018 se registraron 3 mil 20 hechos presuntamente violatorios; sin embargo, la Comisión de Derechos Humanos estatal, apenas aceptó el 18% de solicitudes de queja, siendo el rechazado 82%. Valdría la pena conocer la opinión de los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado y de los demás diputados, que sin duda alguna tienen mejores ocupaciones, que preocuparse por esta crítica situación que viven los ciudadanos.
Para finalizar, siguiendo las directrices que marca el Plan Estatal de Desarrollo actual, será interesante saber ¿cómo pueden incorporarse de manera provechosa los principios de derechos humanos al entorno poblano?; ¿en qué tipo de políticas públicas se traducirán estos principios? Una vez que el estado haya adoptado marcos jurídicos apropiados, ¿cómo pueden, tanto ellos como otros agentes sociales, mejorar la aplicación de los derechos humanos y el buen gobierno?, ¿cuál es la estrategia para que las autoridades estatales y municipales, en el ejercicio de sus funciones, respeten los derechos de los ciudadanos? A quien le toca hacer la tarea?
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