Columna Cúpula / Buscaglia se equivoca en su análisis sobre Puebla.
En días recientes el analista internacional Edgardo Buscagliahizo una disertación sobre la industria criminal de las tomas clandestinas a ductos en territorio poblano.
El investigador señala atinadamente que detrás de la industria criminal del huachicol están dos grandes cárteles que son Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa.
Y que ambas organizaciones son las que controlan decenas de bandas regionales en todo el país.
Sin embargo, en un momento erróneo Buscaglia severa: “La reacción del estado (de Puebla) es cero… Colima y Jalisco hacen más que Puebla… …Puebla es uno de los peores estados en cuanto a reacción institucional…”
En ese sentido es evidente que el analista no puede tener información detallada de lo que ocurre en la entidad poblana. Buscaglia se mueve en la esfera de los datos nacionales, pero no puede tener diagnósticos estatales o regionales.
Y en este caso es obvio que no tiene una lectura actualizada.
Para dimensionar lo que ocurre en Puebla tenemos que encontrar un estado equivalente, semejante, con notorias coincidencias.
Un estado que no sea productor o frontera de enervantes.
Guerrero es una entidad productora, en tanto que Tamaulipas o Chihuahua son estados fronterizos con un tráfico considerable de narcóticos.
Esto no sucede en Puebla. En la entidad operan fundamentalmente células delictivas que extraen gasolina y gas de ductos de Pemex.
Un estado que tiene el mismo perfil delictivo es Guanajuato donde el huachicol es la principal actividad criminal.
Pero el contraste es abismal.
La diferencia medular es que Puebla no tiene los índices de violencia y criminalidad de Guanajuato.
En Puebla no hay masacres semanarias como ocurre en Celaya, Salamanca o Irapuato.
En Puebla no hay extorsiones masivas o cobros de “derecho de piso” a industriales o comerciantes, como si ocurre en Guanajuato capital y por supuesto en sus principales ciudades.
En estos días el gobierno de Puebla sostiene una serie de reuniones con grupos empresariales y en todas las mesas se habla de proyectos de inversión. Las extorsiones ni siquiera se mencionan porque no ocurren en el estado.
En Guanajuato tuvo que intervenir el gobierno federal para detener a José Antonio Yépez Ortiz “El Marro”.
En Puebla las autoridades locales tienen cercado, acorralado a Antonio Valente Martínez Fuentes “El Toñín”.
El delincuente se encuentra protegido en Palmarito donde pudo construir una base social de apoyo, gracias a los años de impunidad que le permitió el morenovallismo.
“El Toñín” se escuda en mujeres y familias que lo consideran un “benefactor social”.
Nada más alejado de la realidad.
Respecto a la aseveración de Buscaglia de que Colima y Jalisco hacen más que Puebla, es una lectura completamente equivocada.
En las entidades del occidente el crimen organizado se ha enraizado hasta llevar los índices delictivos a los más altos del país; en Jalisco controlan regiones enteras, mientras que en Colima tienen sometidos a los presidentes municipales.
En ambas entidades el crimen dicta la agenda política.
Algo que ni remotamente sucede en Puebla, donde hay una verdadera cacería de criminales.
Porque hay la voluntad política para ello.
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