Cúpula / 2027 frente a la estrategia de los abrazos
Columna publicada el martes 28 de octubre de 2025.
El panorama es desolador.
Pese a la colaboración binacional la realidad muestra que la violencia no cede en territorio mexicano.
El Secretario de Seguridad Omar García Harfuch sostiene permanente comunicación con agencias estadounidenses que le proveen abundante información sobre los movimientos de capos y cárteles.
El gobierno de Estados Unidos mantiene presencia con buques, aviones y drones de la más avanzada tecnología que monitorean a grupos criminales.
Sin embargo, todo queda en archivos electrónicos cuya información no se refleja en las calles de México donde la violencia está fuera de control.
Es evidente que García Harfuch no puede solo con la mayor crisis criminal, como también está demostrado que varios gobernadores no son parte de la solución, sino del problema.
La relevancia de los mandatarios estatales en el combate al crimen es requisito medular para pacificar al país, empero también son claras la incapacidad, la apatía y en algunos casos la complicidad de algunos gobernadores.
La agenda de seguridad debe ser el eje central en la toma de decisiones rumbo a la jornada electoral de 2027 cuando se renovarán 17 gubernaturas.
En ese proceso los problemas de inseguridad y violencia tendrán un impacto decisivo.
Sobre todo porque estarán en juego estados que son severamente golpeados por la delincuencia, en concreto entidades del Pacífico: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán y Guerrero que están bajo el yugo criminal.
En Baja California son frecuentes las expresiones de rechazo social contra la gobernadora Marina del Pilar Ávila, sobre todo después de que el gobierno de Estados Unidos le retiró la visa.
Para los ciudadanos fue la demostración de componendas con la delincuencia.
Un crimen imperdonable para los habitantes de Tijuana, Mexicali o Ensenada.
Analistas de Sonora refieren que existe un narco pacto entablado por el hábil camaleón Alfonso Durazo Montaño quien decide qué grupos pueden moverse en la entidad.
No debe omitirse que el gobernador es considerado un informante de agencias norteamericanas.
Es decir, ya pactó a cambio de entregar datos de algunos correligionarios.
En Sinaloa desde el periodo de campaña el entonces candidato Rubén Rocha Moya reconoció la necesidad de entablar acuerdos con el crimen organizado.
En la tierra de las familias Guzmán y Zambada ningún protagonista político puede moverse sin la autorización de los capos.
Lo que sucede en Michoacán es propio de naciones en guerra.
Grupos criminales colocan minas explosivas en caminos rurales.
Las facciones en pugna cuentan con drones de fibra óptica, como los que usan los ejércitos de Ucrania y Rusia.
Los cárteles cobran a productores de limón y aguacate cantidades exorbitantes.
Los principales empresarios pagan hasta 200 mil pesos al mes.
En este contexto el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla solo es un encargado de despacho.
En Guerrero de la familia Salgado los cárteles llegan al grado de paralizar Chilpancingo, la capital y Taxco porque prohíben al transporte público moverse sin su autorización.
La oposición -aunque débil, menguada y sin creatividad-, tiene la oportunidad de convertir la elección de 2027 en un gran referéndum sobre la estrategia de “abrazos, no balazos” que fue luz verde para que los cárteles se empoderaran como nunca antes.
El gran fracaso de Morena es la seguridad, aún por encima de la crisis en el sistema de salud.
Ya veremos si la oposición sabe patear ese balón.
cupula99@yahoo.com
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