Director General del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla,
La penosa metamorfosis que nos ha tocado presenciar de la 4T, es sin duda, uno de los capítulos en la historia política de México, que más incertidumbre y descontento social, ha traído consigo, puesto que se creía que no podíamos caer más bajo en el tema del cinismo, engaño y simulación de los encargados del ejercicio del poder.
Los temas de complicidad y consentimiento de actos corruptos, que tanto criticaron y juraron no replicar, bajo la frase del presidente: “nosotros, no somos iguales” cada vez son más los que salen a la luz y han sido tratados con una total falta de responsabilidad y sensibilidad social que pareciera estamos inmersos en una película de terror de bajo presupuesto.
Tal es el caso del actual Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, o como algunos medios, como el diario Reforma le han llamado “El Magistrado Billetes”.
Resulta decepcionante para los ciudadanos que confiaron en el proyecto de MORENA y del Presidente López Obrador, que existan situaciones en las que se ven involucrados personajes del más alto nivel en la función pública, que a pesar de las denuncias que existen en su contra, continúan ejerciendo los cargos, como si los delitos de los que se les acusa, fueran algo mínimo o tolerable.
En febrero del año pasado la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), presentó denuncia en contra del actual Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Luis Vargas, por el delito de enriquecimiento ilícito por 36.5 millones de pesos entre 2013 y 2019.
La denuncia recibida en la Fiscalía General de la República, documenta en las cuentas de Vargas, depósitos en efectivo de empresas privadas y de personas no identificadas y las coteja con otros ingresos derivados de su actividad pública, y concluye que el funcionario ha gastado entre 2013 y 2018, 217.9 por ciento más de sus ingresos declarados.
Según la denuncia de la UIF, en sus declaraciones ante el SAT de 2013 a 2018, Vargas comprobó ingresos por 16 millones 744 mil 264 pesos; sin embargo, sus gastos fueron por 36 millones 487 mil 433. 59 pesos.
A pesar de lo anterior, el pasado 15 de junio, la Fiscalía General de la República (FGR) exoneró al funcionario, al haber considerado, que no había evidencias de delito.
De acuerdo con fuentes vinculadas a la indagatoria, la Fiscalía dio por acreditada la licitud de los bienes y operaciones investigadas, tan solo con el argumento del magistrado Vargas, que alegó ante las autoridades ministeriales, que los bienes denunciados como suyos en realidad, son de su esposa Mónica Bauer Mengelberg, directiva de PepsiCo.
Una versión a todas luces que siembra dudas y que suponiendo sin conceder sea cierta, entonces habría que investigar la procedencia de los ingresos de la esposa, para cuadrar la información, porque si bien es cierto, un alto ejecutivo de la mencionada empresa gana bien, cierto es también, que no en la magnitud para comprobar los gastos desproporcionados del magistrado, quién por el cargo que ostenta, debe tener al menos un expediente limpio y confiable por el peso de la función que ejerce, en un órgano donde debe imperar la legalidad e imparcialidad en sus decisiones.
El expediente aún no se concluye, pero desde mi punto de vista, en aras de la congruencia y responsabilidad del funcionario, sería sano se separe del cargo, hasta que se concluyan las investigaciones y se aclaren las denuncias que pesan en su contra, debido a que cualquier ciudadano como usted o yo, amable lector, de encontrarse en la situación del magistrado, ya estaríamos detenidos o con prisión preventiva por orden de un juez, sin ninguna consideración o privilegio.
Lo cierto es que, la impunidad y la corrupción siguen presentes en los gobiernos de la 4T, donde se señala con dedo de fuego a los enemigos políticos y se les condena, aún antes de ser juzgados y en otros casos, como el de los hermanos del Presidente y de otros funcionarios, se postergan las investigaciones y basta la palabra del Presidente de que él “confía en ellos”, para que instituciones como la Fiscalía general de la república o el Congreso de la unión, se hagan a un lado, para evitar actuar en contra de los protegidos del sistema, mediante una justicia selectiva y por consigna, que también es una forma de corrupción que en el discurso se afirma combatir, pero que en los hechos se sigue solapando ante los ojos de los gobernados.
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