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Lic. Miguel Barbosa Huerta

La violencia en Iguala, Guerrero, ha horrorizado el país y generado reacciones a nivel internacional.

Este hecho pone ante nosotros una dura prueba. No sólo hablo de nuestra capacidad de indignación, sino la respuesta que debemos dar como representantes populares y como ciudadanos, ante sucesos de esta naturaleza.

No podemos permitir que se instale entre nosotros una visión cínica de las circunstancias, donde tragedias como las de Iguala se pierdan entre notas de prensa, ineficiencia de las autoridades y ajustes de cuentas políticas.

Crimen y castigo. En Iguala se cometió un crimen atroz y las víctimas merecen justicia pronta y expedita.

El simple recuento de los hechos en Iguala revela su gravedad.

En la noche del viernes 26 y la madrugada del sábado 27 de septiembre, siete personas fueron asesinadas por policías municipales y 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa fueron levantados, y testimonios difundidos por diversos medios de comunicación nacionales e internacionales indican que fueron ejecutados por policías e integrantes del grupo criminal conocido como Guerreros Unidos.

Días después, en la tarde del 4 de octubre, se produjo un hallazgo macabro. En un paraje del municipio de Iguala, fueron encontradas seis fosas clandestinas en cuyo interior, presumiblemente, se encontraban los cuerpos de algunos de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa, junto con los de otras personas. La identidad de estos cuerpos aún no se determina.

Paralelamente, se produjo la licencia y fuga del presidente municipal de Iguala. Los medios de comunicación han difundido con amplitud los supuestos vínculos de este personaje y de su esposa con los Guerreros Unidos; así como, la omisión de autoridades locales y federales ante este hecho, a pesar varias denuncias de líderes sociales, dirigentes partidarios y defensores de los derechos humanos.

Por su gravedad, urgencia e irreparabilidad, estos hechos no pueden quedar impunes. El Congreso de la Unión, a través sus dos Cámaras, ha manifestado su horror y rechazo; exigido una investigación de fondo y expresado su solidaridad con los familiares de los ejecutados por los policías, de los desaparecidos de la normal rural y de los cuerpos encontrados en las fosas clandestinas.

En su sesión del 7 de octubre, además de una condena unánime a los hechos y de la total solidaridad con los familiares de víctimas, el Senado exhortó al gobierno federal y al gobierno del estado de Guerrero, a que las investigaciones se conduzcan con estricto apego a la legalidad, con profesionalismo y se aplique la ley a los autores materiales e intelectuales, que es lo menos que podemos esperar, dada la magnitud de la tragedia.

El Senado solicitó a la Comisión Ejecutiva Federal de Atención de Víctimas hacer uso de sus facultades para garantizar a los afectados sus derechos de asistencia, asesoría jurídica, protección, verdad, justicia, reparación integral y debida diligencia.

Acordó pedir que las investigaciones se realicen con transparencia, celeridad, objetividad y comunicación continua con la sociedad, con el objetivo de identificar y sancionar, conforme a derecho a quienes resulten responsables.

Lo lamentable en estos casos son las especulaciones, por lo cual las y los senadores pedimos que las autoridades informen los avances y resultados de las investigaciones, para lo cual, en el Senado, se formará un grupo de trabajo plural dentro de la Comisión de Gobernación con el objeto de colaborar con las autoridades.

La normal rural de Ayotzinapa cuenta con el apoyo y solidaridad de la sociedad y de otros movimientos estudiantiles, como el del Instituto Politécnico Nacional. La desaparición de 43 de sus integrantes constituye un duro golpe a su comunidad, integrada en su mayoría por estudiantes de escasos recursos, provenientes de diversas regiones de Guerrero y de los estados cercanos, incluso del Distrito Federal.

Los crímenes de Iguala son hechos horrendos, que trastornan la vida de un Estado y de un país, porque demuestra cómo el crimen organizado ha penetrado a las autoridades y sus integrantes pueden actuar con total impunidad.

Lo ocurrido en Iguala es un hecho doloroso para todos los mexicanos y debe resolverse de fondo, lo cual implica la localización de los jóvenes, la identificación de quienes se los llevaron y su consignación por los delitos que corresponda.

Las autoridades federales y locales deben acreditar que no están rebasadas y que pueden ejercer sus funciones esenciales de garantizar la seguridad e impartir justicia. No sólo se trata de detener a algunos de los policías municipales asesinos o de la renuncia de servidores públicos, se deben desmantelar los grupos del crimen organizado que operan en esa región identificados como Guerreros Unidos y Los Rojos.

Desafortunadamente los hechos de Iguala no son la excepción. Parece que las acciones del crimen organizado, los levantones, la penetración de los delincuentes en las corporaciones policiales, la violación de los derechos humanos y la crueldad con la que actúan es cada vez mayor. La masacre de San Fernando, los asesinatos de Salvácar, los muertos de Tlatlaya y los lamentables hechos de Iguala, son los ejemplos más elocuentes de esta circunstancia.

No podemos permitir que México se convierta en un campo minado de fosas clandestinas, de bandas de delincuentes o de supuestos agentes del orden que levantan y asesinan con total impunidad, ante los ojos expectantes de las autoridades y de la comunidad internacional.

No podemos permanecer paralizados ante la barbarie y perder a México.